El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, anunció que propondrá la cancelación de la personería jurídica de los partidos políticos que cobren dinero a cambio de espacios en sus listas de candidatos. La iniciativa forma parte de un paquete de reformas electorales que será presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional a finales de noviembre.
La propuesta apunta a frenar a los denominados «taxipartidos», organizaciones políticas que, según explicó Ávila, utilizan su personería jurídica para negociar candidaturas y obtener beneficios económicos.
La autoridad sostuvo que la legislación actual no permite sancionar adecuadamente estas prácticas y planteó que el cobro por una candidatura o el alquiler de una sigla política sea tipificado como delito.
Cancelación de la sigla si se demuestra el cobro
Ávila explicó que, cuando existan pruebas de que un partido, dirigente o delegado recibió dinero a cambio de una candidatura, se podría activar un procedimiento para cancelar su personería jurídica.
«Cuando se demuestre que un partido, un delegado, un jefe de partido ha cobrado por un cargo, etcétera, se presenta la denuncia, se presenta la prueba e inmediatamente viene la cancelación de personería jurídica», manifestó en una entrevista con EL DEBER.
El planteamiento también busca que los candidatos de partidos y alianzas sean seleccionados mediante procedimientos democráticos internos, en lugar de depender de invitaciones o negociaciones particulares.
Debates obligatorios y cambios en las candidaturas
La reforma electoral contempla otras modificaciones importantes:
Debates obligatorios: los candidatos deberán participar en debates públicos para exponer sus programas y propuestas. Se analizan sanciones por incumplimiento.
Listas cerradas: las nóminas de candidatos deberán quedar definidas 45 días antes de cada elección.
Certificado de idiomas: se propone eliminar la exigencia de acreditar el conocimiento de dos idiomas oficiales para postular a cargos públicos.
Propaganda digital: se plantea regular la publicidad electoral y las campañas en redes sociales.
Encuestas: se busca establecer nuevas reglas para su elaboración y difusión.
Resultados preliminares: se pretende incorporar el Sirepre a la normativa electoral para garantizar su utilización en los procesos electorales.
También se revisarán aspectos relacionados con la residencia de candidatos municipales y la elección de representantes de pueblos indígenas mediante usos y costumbres.
La Asamblea tendrá la última palabra
El TSE prevé concluir el 5 de noviembre su ronda de consultas en los nueve departamentos y entregar los proyectos de reforma a la Asamblea Legislativa entre el 25 y el 30 de noviembre.
Los cambios abarcarán cuatro normas: la Ley 018 del Órgano Electoral, la Ley 026 del Régimen Electoral, la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
Las propuestas todavía no están vigentes. Su aprobación dependerá del tratamiento legislativo y de los consensos que puedan alcanzarse en la Asamblea.
