El economista Ramiro Cavero sugirió al Gobierno de Rodrigo Paz hacer público el acuerdo técnico alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al considerar que los bolivianos deben conocer cuáles fueron los compromisos asumidos por el país para avanzar en el proceso de financiamiento.
La propuesta surge en medio de la polémica por el Decreto Supremo 5676, que establece nuevas condiciones para la comercialización del diésel, y su posible relación con las exigencias planteadas por el organismo internacional.
Cavero explicó que en este tipo de acuerdos suelen existir “acciones previas”, es decir, medidas que un Gobierno se compromete a ejecutar antes de que el programa pueda avanzar.
“¿Qué son acciones previas? Son cosas que el Gobierno ha dicho que va a hacer y el Fondo le ha dicho: está bien, pero hasta que no las hagas, esto no avanza”, explicó durante una entrevista con UNITEL.
En ese contexto, el economista consideró que una de esas acciones pudo haber sido el retiro del subsidio al diésel. Sin embargo, marcó distancia respecto a la idea de que el FMI haya acordado directamente un decreto específico como el 5676.
“Probablemente se haya acordado quitar el subsidio al diésel, que es lo que sí puede haber pasado”, sostuvo Cavero, quien insistió en la importancia de conocer el contenido del entendimiento.
“Los bolivianos no lo conocemos”, cuestionó.
Cavero remarcó además que, en su criterio, un organismo internacional no debería acordar directamente con un Gobierno el contenido de una norma específica.
“Uno nunca debería acordar un decreto con el Fondo Monetario. Normalmente, se acuerdan más temas generales o conceptos”, afirmó.
La discusión tomó fuerza después de que el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, señalara que el Decreto Supremo 5676 está relacionado con condicionamientos del FMI vinculados a la liberación del precio de los hidrocarburos.
Bolivia alcanzó a fines de julio un acuerdo a nivel técnico con el FMI, en el marco de un programa económico que contempla financiamiento internacional y medidas destinadas a enfrentar la crisis económica.
En medio de la controversia, la publicación del acuerdo permitiría conocer con mayor precisión qué medidas fueron planteadas por el Gobierno, cuáles fueron aceptadas como compromisos y qué relación existe realmente entre esas condiciones y las decisiones adoptadas sobre los combustibles.
